Las acciones personales son las que nacen, fundamentalmente, de los contratos. Es decir, es la posibilidad de reclamación que una de las partes del contrato tiene contra la otra que haya incumplido.
El Código Civil en su artículo 1.964 establecía hasta ahora que el plazo de prescripción para poder exigir el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los contratos era de 15 años, habiendo precisado la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que este plazo empezaría a contarse desde el momento en el que se podía exigir su cumplimiento. Igualmente, el plazo de prescripción de 15 años se aplicaba a la reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones nacidas de los contratos siendo el día inicial del cómputo aquel en el que se podía interponer la acción.
El anterior plazo de prescripción de 15 años para las acciones personales ha sido reducido a 5 años por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, publicada en el BOE número 239 de 6 de octubre de 2.015. La modificación y reducción del plazo de prescripción se fundamenta, según la Exposición de Motivos de la Ley, en la obtención de un equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de la pretensión y la necesidad de asegurar un plazo máximo.
En cuanto a las acciones que todavía pueden plantearse por estar dentro del plazo de prescripción de 15 años, el régimen transitorio establecido por la Ley 42/2015 remite al artículo 1.939 del Código Civil, lo que significa que desde la fecha de su publicación el plazo para ejercitarlas será 5 años siempre que no quedaran menos de 5 años para poder reclamar. En este caso, el plazo sería el que quedara hasta que transcurrieran los 15 años.
Pedro Pablo Fernández Grau
Abogado. Colegiado ICAM 43.197
