La expropiación asistemática es una herramienta urbanística que permite a la Administración actuar cuando no lo hace la iniciativa privada. Se aplica para ejecutar sistemas generales o dotaciones locales, intervenir en parcelas sin urbanizar dentro de suelo urbano consolidado, constituir reservas de suelo para vivienda protegida o equipamientos públicos, y sancionar el incumplimiento de los deberes urbanísticos. Aunque la normativa varía entre comunidades autónomas, el procedimiento general incluye la declaración de utilidad pública, la posibilidad de que el propietario inste la expropiación si la Administración no actúa, y el cálculo del justiprecio conforme a lo previsto en el planeamiento.





