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La doble inmatriculación se produce cuando una misma finca aparece inscrita dos veces en el Registro, total o parcialmente, a nombre de titulares distintos. Aunque poco frecuente, genera una grave inseguridad jurídica y paraliza cualquier operación sobre el inmueble. Suele originarse por errores en linderos y cabidas, expedientes mal tramitados, desajustes con Catastro o, en ocasiones, títulos fraudulentos. En estos casos la fe pública registral no protege, porque la duplicidad invalida la presunción de exactitud del Registro. El Tribunal Supremo ha establecido que estos conflictos se resuelven aplicando el Derecho civil: comparando títulos, antigüedad, buena fe y posesión. Solo un juez puede decidir cuál es el verdadero propietario y ordenar la rectificación del Registro. La prevención pasa por revisar el historial registral completo, comprobar la correspondencia con Catastro y acudir a asesoramiento especializado. Cuando ya existe duplicidad, es imprescindible iniciar un juicio declarativo para restaurar la seguridad jurídica.

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Desde hace años se venden pisos que proceden de la segregación de otro mayor lo que, en principio, no es ilegal pero que puede llegar a dar enormes quebraderos de cabeza si no se ha contado con la obligación de solicitar las licencias de segregación, de obra y, en su caso, de primera ocupación.

El primero y principal problema práctico con el que nos podemos encontrar es que las empresas suministradoras de energía eléctrica, gas, agua y telecomunicaciones tienen que solicitar, por imperativo legal, las licencias municipales que, de no tenerlas, nos negarán la contratación de dichos suministros.

Con la segregación se habrán realizado obras para adaptar su configuración a su nuevo tamaño pudiendo incumplir con las ordenanzas urbanísticas referentes a tamaño de dormitorios, ventilación de cocinas y baños, iluminación, etc, por lo que estaríamos en riesgo de que la inspección urbanística nos obligara a demoler las obras realizadas, aunque no las hubiéramos hecho nosotros ya que en urbanismo el comprador se subroga en las consecuencias de las infracciones, a excepción de la multa.

Pudiera ser, también, que se hubiera procedido al cerramiento de terrazas lo que casi en la mayoría de los casos es ilegal pudiendo el Ayuntamiento instar su demolición.

En definitiva, la compra de un piso segregado tiene innumerables inconvenientes que será necesario examinar antes de entregar una señal, ya que los problemas surgirán con posterioridad al otorgamiento de la escritura pública lo que nos obligará a acudir a los Tribunales para solicitar la correspondiente resolución del contrato e indemnización.

Pedro Pablo Fernández Grau

Abogado. Colegiado ICAM 43.197

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