El procedimiento de cese, clausura y cierre de una actividad dependerá de cada Ayuntamiento, aunque todos son más o menos semejantes ya que existen unos principios básicos que todos los procedimientos deben cumplir.
En el Ayuntamiento de Madrid el procedimiento se inicia con una resolución por medio de la cual la autoridad administrativa competente ordena la incoación del expediente administrativo y requiere al interesado para que en el plazo correspondiente proceda a subsanar las deficiencias que se han apreciado por la inspección. Independientemente de la causa por la que se inicia el expediente es muy importante que se interponga el recurso de reposición y se solicite la suspensión del acto administrativo, a fin de evitar perder futuros derechos.
Una vez que haya transcurrido el plazo para que pudiéramos subsanar las deficiencias, si no lo hemos hecho, aunque se haya interpuesto el recurso de reposición, el Ayuntamiento nos dará trámite de audiencia previamente a dictar la orden de demolición. Es muy importante presentar alegaciones, indicando que se ha presentado el recurso de reposición y que se ha solicitado la suspensión. Posteriormente, una vez recibidas las alegaciones y, posiblemente, previa visita de la Policía Municipal, dictará la orden de cese, clausura y cierre contra la que deberemos interponer recurso.
El procedimiento en vía administrativa finalizará con la resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los que cabrá recurso contencioso-administrativo.
Es muy importante la cuestión de la suspensión del acto administrativo, ya que, normalmente, por efecto de la Ley, se concede en vía administrativa y, después, puede ser de nuevo solicitada en vía judicial. La clave en estos casos está en poder obtener en vía judicial la suspensión de la orden de cierre ya que ello nos permitirá tener abierta la actividad, aunque exista un incumplimiento, durante casi tres años más que es lo que puede llegar a durar un procedimiento judicial, incluida su ejecución. Esto, sin tener en cuenta, que los Tribunales nos pudieran dar la razón y revocaran la orden de cese.
Los recursos que se deben interponer y la petición de suspensión deben ir suficientemente motivadas y argumentadas desde el punto de vista jurídico, por lo que será necesario que sean realizados por abogados especializados ya que de otra forma nos podemos ver abocados a cerrar la actividad en un corto espacio de tiempo.
Pedro Pablo Fernández Grau
Abogado. Colegiado ICAM 43.197
