Los convenios urbanísticos son herramientas clave para la gestión del suelo, pero deben ajustarse a límites legales que garantizan su conformidad con el ordenamiento jurídico, protegen el interés general y evitan abusos. No pueden contradecir normas imperativas ni permitir la negociación de prerrogativas administrativas irrenunciables, y deben justificar su contribución al desarrollo sostenible y al bienestar colectivo, asegurando siempre el respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica





